El ministro de Salud, César Vásquez, informó que su sector ha adoptado diversas acciones contra los funcionarios de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) involucrados en la denuncia de alimentos en mal estado distribuidos a escolares del programa de Qali Warma.
“He declarado la reorganización de Digesa y dispusimos, de manera inmediata, la remoción de cinco funcionarios de esa entidad. Además, se ha informado a la Secretaria Técnica, Contraloría y Procuraduría para realizar las investigaciones contra los funcionarios y servidores de la Digesa que resulten responsables. Mi gestión ratifica su lucha frontal contra la corrupción”, señaló el ministro durante su participación en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República.
El titular del Minsa mencionó que también se ha sancionado a 31 empresas proveedoras, de un total de 120, que fabrican alimentos para consumo humano mediante procedimientos administrativos sancionadores para programas sociales.
“La Digesa, en el marco de sus competencias, ha sancionado un promedio de 900 empresas por año debido a incumplimiento de normas sanitarias. También ha dispuesto más de 300 medidas de seguridad (cierre de la planta de fabricación) como parte de las vigilancias sanitarias”, detalló.
Agregó que, antes de la denuncia sobre Qali Warma, ha presentado un proyecto de ley para que la Digesa se convierta en un organismo técnico especializado independiente y autónomo con facultades regulatorias, y de esta manera no tenga posibilidad de contaminación con la política y las gestiones de turno.
A través de su equipo técnico, el ministro expuso una línea de tiempo de acciones que realizó su sector ante la presunta intoxicación en instituciones educativas Gamaliel Churata (Puno), Señor de los Milagros y Cruzconga (Cajamarca). Estas acciones van desde vigilancia sanitaria, toma de muestras, levantamiento de inmovilización de productos, inspección en fábricas de alimentos, entre otras.
Con relación a la empresa Frigoinca, se impuso medidas de seguridad, como el retiro del mercado de conserva de pollo y suspensión de registros sanitarios y fabricación de alimentos. Además, se interpuso una ampliación de denuncia penal por el delito de contra la salud pública en la modalidad de contaminación o adulteración de alimentos o bebidas y alteración de fecha de vencimiento, así como producción, comercialización o tráfico ilícito de alimentos y otros productos destinados al uso o consumo humano en agravio del Ministerio de Salud.