El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobó hoy la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040, según un decreto supremo publicado en la normas legales del Diario Oficial El Peruano.
En ese sentido, precisa que esta política es de cumplimiento obligatorio para las entidades de la administración pública, en el marco de sus competencias, así como para las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.
Asimismo, las entidades en todos los niveles de gobierno y en el marco de sus competencias asumen los roles, obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales.
Además, refiere que la conducción de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
De otro lado, señala que las entidades responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos, servicios y actividades operativas de la política están a cargo de su implementación y ejecución, conforme a sus funciones y competencias, a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).
«Para tal efecto, dichas entidades coordinan con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la implementación de los servicios, actividades operativas y otras intervenciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040», agrega.
También, explica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, unidad orgánica de la Dirección General de Derechos Humanos, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, tiene a su cargo el seguimiento y la evaluación de la referida política.
De igual modo, añade que la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 se realiza de manera progresiva y se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades de la administración pública involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
