Congreso aprueba unión civil entre parejas del mismo sexo

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el proyecto de ley que establece la posibilidad de dos personas del mismo sexo de establecer una unión civil.

Para la preparación de esta iniciativa, se tomaron como punto de partida los proyectos de ley de Alejandro Cavero (Avanza País) y Martha Moyano (FP). Durante la sesión, esta última pidió que su iniciativa sobre el tema se desagregue del predictamen, a fin de que prevalezca la propuesta de Cavero.

El presidente de la comisión, Isaac Mita (PL), señaló que existen ya uniones de hecho de personas de un mismo sexo, que no deben considerarse de menor jerarquía jurídica en cuanto al ejercicio de derechos y de realización de deberes.

“El Estado no puede estar ajeno a esta realidad, por lo que se debe dar una regulación jurídica de este tipo de relaciones”, indicó.

Señaló, en tal sentido, que en el predictamen se establece la unión civil como un mecanismo mediante el cual se reconoce la unión estable de personas del mismo sexo, para efectos de reconocimiento de derechos sociales y patrimoniales.

También se considera que el registro de estas uniones civiles es un medio de prueba que otorga a las parejas la estabilidad jurídica que evitará situaciones de abuso, desigualdad y desamparo.

Subsana desigualdad

Recalcó que, en la actualidad, hay desconocimiento y desprotección legal a este tipo de uniones. Sus integrantes han sido “relegados por un Estado que los ha invisibilizado”, manifestó Mita.

También indicó que, al no existir actualmente reconocimiento a la unión civil, se da una situación de discriminación y violencia respecto a estas parejas, que restringe su acceso a oportunidades y a participar en la escena pública.

A su vez, Cavero señaló que la instauración de la unión civil tendrá como consecuencia fijar una protección patrimonial especial para las parejas homosexuales. Asimismo, implicará para ellas el reconocimiento de una serie de derechos.

Mencionó que entre ellos se encuentra adoptar decisiones médicas prioritarias, inclusión en derechos pensionarios y de seguridad social, fijar un régimen de protección de bienes, prestación de alimentos y recibir visitas intimas en penitenciarias.

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